Un
profesor de Alicante arrancó tres cámaras de videovigilancia, que habían sido
colocadas por orden de la dirección del instituto donde impartía clase, en un arrebato de santa indignación, sana
cólera e ira racional. El profesor, filmado por las propias cámaras que desmontó, fue detenido y pasó una noche en comisaría.
¿Cómo
es posible que haya cámaras de videovigilancia en los sedicentes centros
"educativos"? ¿No tenemos una Ley Orgánica 1/1982 de grandilocuente Derecho al
Honor, la Intimidad y la Propia Imagen que protege especialmente a los menores,
benditos sean esos angelitos, de semejantes atropellos y tropelías orgüelianas
propias del estado policial del Gran Hermano, y no hablo del concurso de la
telebasura?
Muy
sencillo: Los centros "educativos", aunque se llamen Institutos de Educación
Secundaria con rimbombante apelación, no son tales centros educativos, porque
no pretenden educar, ni siquiera, más modestamente, enseñar e instruir, como
cuando se hablaba humildemente de centros de Enseñanza -que no Educación-
General Básica o de Institutos de Enseñanza Media, sino controlar a la
población infantil y juvenil forzosamente escolarizada o recluida, mejor dicho, en ellos.
La
dirección justifica la instalación de las cámaras diciendo que se pretendía
evitar los robos, y que esta medida había sido decidida y aprobada por los órganos de
gobierno colegiados y unipersonales del centro elegidos democráticamente. Se
pone como justificación de algo injusto su carácter democrático, decidido por
el órgano representativo de una mayoría, como si la mayoría fuese totalidad y como si fuese más legítimo porque lo pide la mayoría. Sin embargo, una elección
democrática por muy mayoritaria que sea no tiene por qué ser justa. Es más:
Esta no lo es, porque no se ajusta a derecho ni al más común de los sentidos.
Además, si hay robos es porque hay desigualdad económica, si hay desigualdad
económica es porque hay dinero y no hay justicia en la sociedad. La sociedad,
por lo tanto, debería procurar que hubiera justicia -y no dinero ni propiedad
privada- para que no hubiera robos. Pero ¿cómo va a haber justicia si cuando
hay crisis económica, por ejemplo, se destina dinero público de las arcas del Estado a los bancos
privados, o sea, a los ricos usureros que menos lo necesitan?
En
todo caso, el daño que se hace a la libertad es mayor que el que se hace a la
propiedad. ¿Quién controla a los controladores? Ya formuló la pregunta Juvenal:
quis custodiet ipsos custodes? Y la pregunta sigue flotando en el aire, sin
respuesta ninguna que valga.
La
educación debería basarse en la libertad y en la responsabilidad y no en
el
control ajeno, pero algunos prefieren pagar sofisticados sistemas de
videovigilancia y seguridad porque, por muy caros que sean, son más
baratos que
la ímproba tarea de educar, que además no se sabe muy bien en qué
consiste. Preguntémonos socráticamente: ¿Qué es la educación? A ver qué
pasa. Al
fin y a la postre esos aparatos sólo cuestan dinero, dinero de todos los
contribuyentes.
¡Contribuyentes!
¡Qué palabra más ominosa ésta, pero qué reveladora de que todos estamos
contribuyendo democráticamente a que se instalen estas cámaras, y fomentando la
vigilancia y el control ajenos en lugar de la libertad y la responsabilidad -y
la justicia- para que no sucedan los hechos que se pretenden vigilar y
castigar! ¡Cuánto mejor hubiera sido que el dinero –público, no se olvide- que
se ha invertido en cámaras que fomentan el voyeurismo y el exhibicionismo se hubiera destinado a la
compra de libros, esos objetos tan raros y antiguos que se guardan en las bibliotecas y
que ya no lee casi nadie!
Lejos
de considerar la actitud de este profesor una locura extemporánea o un delito,
deberíamos todos decidirnos si no a hacer lo mismo so pena de pasar una noche en comisaría, a denunciar y exigir al menos que se retiren las cámaras
de vigilancia de nuestros lugares de ocio y de trabajo. Deberíamos aplaudir a ese profesor, que le ha dado una lección a toda la sociedad.
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