Cuando veas las barbas del vecino pelar, dice el refrán, pon las tuyas a remojar, o sea, que vete preparando para lo que te espera, que no puede ser bueno, y hay motivos para tener miedo. Poco a poco todos los países del ancho mundo van encaminados a lo mismo "por razones de seguridad". La noticia es que México digitaliza la identidad, haciendo que la rimbombante Clave Única de Registro de Población (CURP) que hasta ahora era voluntaria se transforme en un documento credencial obligatorio con datos biométricos para todos los ciudadanos mexicanos, unos ciento treinta millones de personas centralizadas en una Plataforma Única de Identidad.
Las autoridades presentan el asunto como una herramienta moderna y eficiente para fortalecer, cómo no, la seguridad y la prestación de servicios, lo que, por eso mismo, no deja de encender alarmas numerosas.
Desde su creación en 1996, la CURP ha servido como un número de identificación administrativa. La reforma, aprobada a finales de junio de este mismo año de gracia de 2025, convierte este código en obligatorio, como queda dicho, que incluirá una fotografía del rostro para reconocimiento facial y un código QR con datos biométricos de la huella dactilar y el iris de ambos ojos. Recién nacidos a partir de los cuatro meses, niños, adolescentes y adultos deberán registrar su información, que será almacenada en la Plataforma Única de Identidad, interconectada con dependencias del gobierno y entidades privadas, y se implementará para todos los mexicanos a partir de febrero del año que viene, si Dios no lo remedia. Un locutor televisivo del país hermano lo comenta:
La presidenta del país ha defendido, como no podía ser menos, la medida. "¿Qué es lo que estamos planteando? Fortalecer la CURP como parte de una identidad nacional que nos permita, para todo tipo de temas, pero en particular para el tema de seguridad, ir avanzando".
El argumento más repetido por las autoridades ha sido que esta Clave ayudará en la localización de personas desaparecidas, al conectarse con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No localizadas y el Banco Nacional de Datos Forenses, lo que permitiría combatir la tendencia alarmante de desapariciones, ya que México registra más de 114000 personas desaparecidas, según datos oficiales.
Pero contra esa pretensión bienintencionada hay quienes argumentan que espiar no es buscar y temen precisamente por su seguridad, porque esta medida, dicen, nos pone en mayor riesgo permitiendo al Estado y a los mercados saber dónde estamos, qué hacemos, qué compramos...
El peligro que representa este registro es que, a diferencia de una contraseña, que puede modificarse a voluntad, el iris o las huellas faciales o dactilares no pueden cambiarse. Si se exige, como se va a hacer, esta credencial para acceder a servicios, cada oficina, cada empresa a la que se acceda también accederá a nuestros datos, por lo que puede convertirse en una trampa.
El paquete de reformas también incluye la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que autoriza el acceso a información fiscal, de salud o telecomunicaciones sin orden judicial. La Guardia Nacional y el Ejército también tendrán acceso, lo que configura un nuevo modelo de vigilancia y control estatal inaceptables.
Varios países latinoamericanos han adoptado identificaciones biométricas, como Uruguay, Brasil, Perú, Colombia o Argentina. Pero en la mayoría de los casos, su uso es voluntario hasta la fecha, limitado a ciertos trámites y sujeto a regulaciones muy estrictas. En México, el hecho de que vaya a ser obligatoria desde la infancia y la interconexión con todas las instituciones públicas y privadas convierte a la CURP biométrica en una de las bases de datos más ambiciosas del continente, y una auténtica chingadera.
Hay riesgo, además, de exclusión de los viejos, por no decir 'ancianos' o, como prefieren los políticos corregidos, 'las personas de avanzada edad', que pueden tener problemas para identificarse al perder sus huellas dactilares algunos rasgos de definición con el envejecimiento de la piel de la yema de los dedos, y negárseles por tanto la prestación de los servicios.
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